En un sorprendente giro, el Banco Central de Honduras (BCH), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y el Ministerio Público se encuentran en el centro de un escándalo de corrupción tras las revelaciones sobre la exfiscal Francia Medina. La pesquisa revela desvíos de fondos del BCH hacia la OABI, evidenciando una estructura de robo y corrupción que señala la manipulación de instituciones clave. Medina, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), retiró 88 millones de lempiras sin notificar a las autoridades en los últimos dos años, según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). La estrategia de Medina, que incluía retiros durante su incapacidad, plantea interrogantes sobre los destinatarios y la legitimidad de los fondos. El abogado defensor destaca la necesidad de examinar las 37 transacciones realizadas por Medina para esclarecer la situación.
“Cruce de Acusaciones y Red de Corrupción: Desgarradora Revelación en Honduras”
Un tenso cruce de acusaciones entre la Fiscalía, el Banco Central de Honduras (BCH) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) ha sacudido los cimientos de la integridad institucional en Honduras, desencadenando un escándalo de corrupción que ha dejado al país boquiabierto.
La Fiscalía ha señalado al BCH por su presunta entrega de dinero “sin seguir los procedimientos”, exigiendo explicaciones sobre los mecanismos administrativos utilizados en las devoluciones. Alega que la exfiscal Francia Medina carecía de las autorizaciones necesarias para tales transacciones. En un sorprendente contraataque, el BCH, amparándose en su normativa interna, asegura que sigue procedimientos legales al devolver depósitos de garantía solicitados por las fiscalías, dejando al descubierto una aparente falta de coordinación y control en los procesos internos.
La detención de Medina el 28 de noviembre en una residencia lujosa en San Pedro Sula ha revelado una red de corrupción que persistió incluso después de su salida de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco). Las acusaciones presentadas contra ella son impactantes, abarcando delitos como lavado de activos, sustracción de documentos en custodia, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y múltiples casos de falsificación de documentos. Expertos legales sugieren que, solo por el último delito, la exfiscal podría enfrentar una condena asombrosa de 148 años.
Este escándalo no solo cuestiona la integridad de Medina, sino que arroja sombras sobre la transparencia y el manejo ético de instituciones clave en Honduras. La sociedad, conmocionada por la magnitud de las acusaciones, exige respuestas claras y acciones contundentes para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales. La necesidad de una investigación exhaustiva y transparente se vuelve más urgente que nunca, ya que la nación espera el esclarecimiento de este turbio episodio que amenaza con socavar las bases mismas de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras.
Corrupción en Honduras: Directores Clave en la Trama del Saqueo Millonario de la Fiscalía Medina
En el entramado de corrupción liderado por la exfiscal Francia Medina, la complicidad institucional ha surgido como un factor determinante, revelando la participación clave de tres instituciones fundamentales en Honduras: el Banco Central de Honduras (BCH), el Ministerio Público y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
BCH: En el inicio del saqueo en 2019, Efraín Suárez, licenciado en economía y subgerente de estudios económicos, asumió la dirección del BCH formalmente en enero de 2021, aunque ya desempeñaba el cargo desde febrero de 2019. Bajo su supervisión, se llevaron a cabo las extracciones millonarias de dinero por instrucciones de la fiscal Medina.
Ministerio Público: Daniel Arturo Sibrián Bueso, Fiscal General Adjunto desde 2018 hasta agosto de 2023, ha sido una figura controversial. Su gestión estuvo marcada por el despido de Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, quien evidenció la complicidad del ente investigador en el asesinato de una fiscal que vinculaba al narcotráfico con el expresidente Juan Orlando Hernández. Sibrián, afín al Partido Liberal, fue juramentado por Mauricio Oliva y Tomás Zambrano en septiembre de 2018. Aunque su periodo como fiscal adjunto terminó en agosto de 2023, la ley le permitió ostentar temporalmente la titularidad del Ministerio Público, donde se vio envuelto en irregularidades y despidos controvertidos.
La fiscal hallada sin vida, Sherill Yubissa Hernández, desató una controversia tras el reporte oficial de su supuesto suicidio por problemas económicos y amorosos. La investigación liderada por Villanueva, desestimada por Sibrián, sugiere un posible homicidio. Los principales sospechosos, según un informe policial, apuntan al narco exalcalde Alexander “Chande” Ardón y Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente.
OABI: En 2019, Francisco Ernesto Ruíz Nieto dirigía la OABI y fue recientemente nombrado director ejecutivo interino. Se le señala por violación de deberes oficiales en la Operación Omega XI de noviembre de 2021, donde se le acusa de manejo irregular de bienes incautados. Su gestión incluyó el despido de 15 empleados en menos de una semana, generando preocupaciones sobre la integridad en la administración de la institución.
Este enmarañado escándalo de corrupción no solo arroja luz sobre la implicación de individuos clave, sino que también cuestiona la transparencia y ética de instituciones gubernamentales hondureñas. La sociedad exige respuestas claras y acciones contundentes para restaurar la confianza y erradicar la impunidad arraigada en el sistema.
