En Honduras, la administración de Xiomara Castro y la Secretaría de Derechos Humanos han levantado la voz condenando actos de violencia atribuidos a la oposición política. Sin embargo, la crítica surge ante la aparente omisión y falta de condena por parte del gobierno a la violencia ejercida por los colectivos de Libre, quienes han protagonizado agresiones físicas, intimidaciones y han puesto en riesgo la vida de miembros del Partido Nacional.

El reciente ataque a diputados del partido opositor ha suscitado interrogantes sobre la imparcialidad de la justicia en Honduras. Mientras se enjuicia al diputado Mario Pérez por encañonar a un guardia de seguridad, no se observan acciones similares contra los militantes de Libre, quienes se han visto involucrados en actos de agresión y atentados contra la integridad de diputados de la oposición. La Cortes Suprema de Justicia ha admitido un Requerimiento Fiscal contra el Diputado Nacionalista Mario Pérez, marcando un precedente de actuación frente a la violencia política. Sin embargo, la ausencia de procedimientos judiciales contra los responsables de los actos violentos perpetrados por los colectivos de Libre sugiere un doble rasero en la aplicación de la justicia.

Es fundamental cuestionar la equidad y transparencia en la administración de la justicia hondureña. La citación para el próximo 12 de diciembre a las 9:00 de la mañana en el caso de Mario Pérez destaca la rapidez con la que se aborda la presunta violencia de un representante nacionalista, pero plantea la incógnita sobre cuándo se llevarán a cabo juicios similares contra los responsables de las agresiones por parte de los colectivos de Libre. La sociedad hondureña merece una justicia imparcial y objetiva, libre de cualquier sesgo político. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos los actores políticos sean tratados con igualdad ante la ley. La omisión en la condena de actos violentos por parte de colectivos de Libre podría alimentar percepciones de proteccionismo gubernamental y debilitar la confianza en las instituciones judiciales.

En un contexto político donde la transparencia y la imparcialidad son esenciales, es imperativo que el gobierno de Xiomara Castro tome medidas efectivas para abordar la violencia política en todas sus formas, independientemente de la afiliación partidista. La verdadera justicia debe ser ciega a la política y velar por la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.